Tras la postergación de los comicios del 3 de diciembre.

La novela por las elecciones en Boca sumó este lunes un nuevo capítulo. Tras el pedido de recusación presentado el viernes último por el oficialismo de Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, la jueza Alejandra Abrevaya aceptó apartarse de la causa que investiga irregularidades en el padrón de la entidad de la Ribera. La realización de los comicios para el próximo 17 de diciembre dependerá ahora de una nueva magistrada: la jueza subrogante del Juzgado Civil N°64, Analía Romero. Un dato no menor: Romero es socia de Boca desde el año 2013, carnet N° 196.379, y está en condiciones de votar.

Hace exactamente una semana, Alejandra Abrevaya había dado lugar a una denuncia del candidato a presidente de Boca por la oposición, Andrés Ibarra, y, tras ordenar un peritaje informático en las oficinas de la Bombonera, dictó una medida cautelar que obligó al club a posponer los comicios del 3 de diciembre por presuntas anomalías en la inscripción como socios activos (es decir, con derecho a voto) de más de 13.300 simpatizantes.

Según el fallo de la jueza, 13.364 adherentes pasaron a activos entre los meses de agosto y noviembre de 2021, justo antes de cerrar el padrón para las elecciones de este año, y sin respetar el orden de “prioridad” establecido en el artículo 19 del Estatuto Social. Del lado del oficialismo rebatieron los considerando de la doctora Abrevaya y esgrimieron que, de acuerdo al artículo 6 del propio Estatuto, es la Comisión Directiva la encargada de “fijar periódicamente las políticas de ingreso de socios y los cupos conforme la capacidad del estadio y las altas y las bajas que se produzcan”.

Sin embargo, el principal motivo de la recusación habría sido el vínculo familiar que existe entre la jueza de la causa y un dirigente político ligado a Juntos por el Cambio. Ocurre que la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 11 de Capital Federal, Alejandra Abrevaya, es hermana de Sergio Fernando, presidente del partido GEN, que apoyó la candidatura de Patricia Bullrich a presidenta de la Nación.

Ahora la causa cayó en manos de la jueza Analía Victoria Romero, quien es socia activa de Boca y, de acuerdo al padrón que ella misma investigará, está habilitada para sufragar en la mesa 219. Romero podría mantener la cautelar dictada por Abrevaya o dar marcha atrás con la medida de la jueza, aunque desde el espacio de Andrés Ibarra y Mauricio Macri consideran que, dado que la lista de Riquelme ya apeló el fallo a fines de la semana pasada, será la Cámara Nacional de Apelaciones la que determine los pasos a seguir. De acuerdo a la apelación presentada por Boca, la jueza cometió “irregularidades” a lo largo del procedimiento judicial y “vulneró los derechos constitucionales” de los socios activos.”.

Por lo pronto, las elecciones en Boca continúan sin tener una fecha definida. La oposición ya fue notificada de la apelación enviada por el oficialismo y este martes enviará una nota al Juzgado interviniente para ratificar su denuncia. A partir de ese momento, la Cámara analizará los fundamentos de cada parte y efectuará un dictamen definitivo. Si revoca la cautelar de la jueza (es decir, la decisión de suspender los comicios), las elecciones podrían realizarse el domingo 17 de diciembre, el último fin de semana libre antes de fin de año, ya que el 10 de diciembre tendrá lugar el acto de asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y luego vendrán las fiestas por la Navidad. Si en cambio la Cámara sostiene el fallo de Abrevaya, los comicios se aplazarían para los primeros meses de 2024, ya que entre fines de diciembre y principios de enero entrará en vigencia la feria judicial.

Consultados por LA NACION, tanto el oficialismo como la oposición consideran conveniente votar el 17 de diciembre, aunque los tiempos de la Justicia suelen demorar más de la cuenta. En la mediación del jueves pasado, el espacio de Juan Román Riquelme y Jorge Ameal se mostraron inflexibles ante el requerimiento del frente que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri de realizar una depuración en el padrón. Al menos, en los términos que propone la oposición.

“A lo sumo serán 3.600″, aseguran desde el bando oficialista con respecto a la cantidad de socios que habrían obtenido su carnet de manera irregular. De hecho, en la audiencia en Tribunales ofrecieron la posibilidad de que esos 3.600 socios “observados” sufraguen en una mesa aparte y luego la Justicia defina si sus votos se tienen en cuenta o no al momento de definir la elección. La oposición propuso efectuar una nueva evaluación del padrón a cargo de un perito oficial y que cada lista designe a un consultor técnico que testifique y participe del procedimiento. No hubo acuerdo y el caso se dirimirá en la Justicia.

Desde la Cámara de Apelaciones se comprometieron a dictar un fallo en los próximos días, aunque la posibilidad de votar a fin de año parece, a esta altura, cada vez más lejana.

Fuente:Leandro Contento  COLABORADOR DIARIO LA NACION – Fotos: Télam – Redes – Gonzalo Colini – LA NACIÓN – LA NACION Deportes